Exégesis al modelo teórico de la democracia constitucional en El Salvador.

Exégesis al modelo teórico de la democracia constitucional en El Salvador.
Rodolfo Mejía-Dietrich
Director / Centro de Investigación para la Democracia
Universidad de Oriente

 

Desde la perspectiva utópica de la teoría del derecho, en la vigente Constitución de la República de El Salvador, existe un círculo virtuoso y de interacción entre democracia y constitucionalismo; este último, amparado bajo la lógica de protección de los derechos fundamentales. Por consiguiente, en un sistema democrático florecen los derechos humanos, y un sistema donde se respeten los derechos humanos, florece la democracia. Bajo este esbozo, y parafraseando a Luigi Ferrajoli (2014), el constitucionalismo rígido ha cambiado notablemente la naturaleza del derecho y de la democracia.

Lo anterior implica, realizar una exégesis al binomio democracia constitucional como proyecto político. Por el lado del constitucionalismo contemporáneo, se tiene un robusto catálogo de derechos fundamentales y sus garantías, la división de poderes como mecanismo primigenio de limitación del poder, y la existencia del control de constitucionalidad, para asegurar el principio de supremacía constitucional. Por el lado de la democracia, se tiene la legitimación constitucional del tipo de gobierno, el sistema político –pluralista– y los derechos y deberes políticos. Las anteriores estructuras jurídicas, están dentro de la dimensión del iuspositivismo constitucional, a guisa de ejemplo, el Título III (El Estado, su forma de gobierno y sistema político), y el Título VI (Órganos de gobierno, atribuciones y competencia) de la Constitución de la República.

Actualmente, el modelo teórico de edificación de la democracia constitucional se encuentra en crisis, no a nivel de diseño prima facie, sino a nivel de funcionamiento. La crisis se manifiesta por la ausencia de reglas sobre los alcances y límites de los poderes públicos y privados, por la débil participación de la ciudadanía en todo proceso público de interés colectivo, y no se diga, por la omnipotencia de las mayorías y no respeto a las minorías. En esta virtual y estructural divergencia entre diseño y funcionamiento, es decir, entre teoría y práctica, se tiene que, la realidad socio-política salvadoreña, no corresponde a lo que vive la ciudadanía en relación al ideal político plasmado en el tridimensionalismo jurídico de la constitución (hecho, norma y valor).

Datos publicados en el Índice de Democracia 2018 (Democracy Index) y elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, exponen que El Salvador ocupa la posición 77 de 167 países evaluados, ubicándolo en un nivel de categoría denominado “régimen hibrido” es decir, un país donde se evidencia: elecciones con irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean libres y justas, la corrupción tiende a ser generalizada, el Estado de derecho es frágil, al igual que la sociedad civil tiene poca participación en el debate público.

Por último, pero no menos importante, se vislumbra un resultado esperanzador, según datos del reciente estudio titulado “Percepción ciudadana de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción en la región oriental” elaborado por el Centro de Investigación para la Democracia (CIDEMO) del 9 al 13 de septiembre de 2019, se encontró que 54% de encuestados, están satisfechos respecto al funcionamiento de la democracia en El Salvador, y un 6% está muy satisfecho. No obstante, existe y persiste una masa crítica de personas, 34% que están insatisfechos, y 6% que están muy insatisfechos. Esto representa un desafío más, al modelo teórico-practico de la democracia constitucional, principalmente hacia la mutación protagonista de formación y compromiso que debe asumir la sociedad civil en insistir, resistir y nunca desistir de la lucha por fortalecer el Estado democrático.

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