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Desde la perspectiva utópica de la teoría del derecho, en la vigente Constitución de la República de El Salvador, existe un círculo virtuoso y de interacción entre democracia y constitucionalismo; este último, amparado bajo la lógica de protección de los derechos fundamentales. Por consiguiente, en un sistema democrático florecen los derechos humanos, y un sistema donde se respeten los derechos humanos, florece la democracia. Bajo este esbozo, y parafraseando a Luigi Ferrajoli (2014), el constitucionalismo rígido ha cambiado notablemente la naturaleza del derecho y de la democracia.

Lo anterior implica, realizar una exégesis al binomio democracia constitucional como proyecto político. Por el lado del constitucionalismo contemporáneo, se tiene un robusto catálogo de derechos fundamentales y sus garantías, la división de poderes como mecanismo primigenio de limitación del poder, y la existencia del control de constitucionalidad, para asegurar el principio de supremacía constitucional. Por el lado de la democracia, se tiene la legitimación constitucional del tipo de gobierno, el sistema político –pluralista– y los derechos y deberes políticos. Las anteriores estructuras jurídicas, están dentro de la dimensión del iuspositivismo constitucional, a guisa de ejemplo, el Título III (El Estado, su forma de gobierno y sistema político), y el Título VI (Órganos de gobierno, atribuciones y competencia) de la Constitución de la República.

Actualmente, el modelo teórico de edificación de la democracia constitucional se encuentra en crisis, no a nivel de diseño prima facie, sino a nivel de funcionamiento. La crisis se manifiesta por la ausencia de reglas sobre los alcances y límites de los poderes públicos y privados, por la débil participación de la ciudadanía en todo proceso público de interés colectivo, y no se diga, por la omnipotencia de las mayorías y no respeto a las minorías. En esta virtual y estructural divergencia entre diseño y funcionamiento, es decir, entre teoría y práctica, se tiene que, la realidad socio-política salvadoreña, no corresponde a lo que vive la ciudadanía en relación al ideal político plasmado en el tridimensionalismo jurídico de la constitución (hecho, norma y valor).

Datos publicados en el Índice de Democracia 2018 (Democracy Index) y elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, exponen que El Salvador ocupa la posición 77 de 167 países evaluados, ubicándolo en un nivel de categoría denominado “régimen hibrido” es decir, un país donde se evidencia: elecciones con irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean libres y justas, la corrupción tiende a ser generalizada, el Estado de derecho es frágil, al igual que la sociedad civil tiene poca participación en el debate público.

Por último, pero no menos importante, se vislumbra un resultado esperanzador, según datos del reciente estudio titulado “Percepción ciudadana de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción en la región oriental” elaborado por el Centro de Investigación para la Democracia (CIDEMO) del 9 al 13 de septiembre de 2019, se encontró que 54% de encuestados, están satisfechos respecto al funcionamiento de la democracia en El Salvador, y un 6% está muy satisfecho. No obstante, existe y persiste una masa crítica de personas, 34% que están insatisfechos, y 6% que están muy insatisfechos. Esto representa un desafío más, al modelo teórico-practico de la democracia constitucional, principalmente hacia la mutación protagonista de formación y compromiso que debe asumir la sociedad civil en insistir, resistir y nunca desistir de la lucha por fortalecer el Estado democrático.

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La situación de emergencia a nivel mundial tiene a la mayor parte de funcionarios públicos de alto rango en el ámbito económico y fiscal vertidos en la descomunal faena de obtener recursos financieros destinados a sostener los esfuerzos de en la mayoría de casos de Latinoamérica –precarios– ministerios de salud y sanidad para afrontar la pandemia producida por el coronavirus (COVID-19), y a la vez, impedir el colapso económico de sus respectivos países. Las acciones tienen un solo rumbo: los recursos deben ser administrados por el Estado –y no por el mercado– de manera expedita y efectiva.

Históricamente, ante el advenimiento de la calamidad o el deterioro acelerado de la calidad de vida de la población ante desastres socio-naturales o crisis humanitarias como lo representa la actual pandemia global, es lamentablemente posible advertir, tomando como referencia otrora experiencias acaecidas en El Salvador y demás países de la región, que es en esta situación cuando aumenta la posibilidad de riesgo para actos de fraude, corrupción y desvío de fondos destinados en principio a propósitos de procurar, desde el ejercicio de las políticas públicas, bienestar para las mayorías empobrecidas y vulnerables. Sandoval (2020) al respecto expresa:

Lamentablemente, las emergencias y su sentido humano no implican cambios en los comportamientos y prácticas corruptas arraigadas culturalmente por décadas en las administraciones públicas, sino que, por el contrario, constituyen “espacios de riesgo” que son reforzados por la flexibilidad con que se pueden llevar a cabo acciones que normalmente contarían con estándares más rígidos de evaluación y escrutinio.

En El Salvador de manera particular existen penosos casos que evidencian corrupción en situaciones en los que se han empleado fondos para atender emergencias. Sin duda, el de mayor connotación ha sido tras el terremoto de 2001, donde el expresidente de la república Francisco Flores fue procesado por haber peculado con 15 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa dirigidos a la reconstrucción del país. Según Transparencia internacional este tipo de corrupción (2010) resulta ser la más condenable de entre todas las formas de corrupción, ya que priva a las –víctimas– de recursos necesarios para salvar vidas.  Y valga decir, que ya la CEPAL (2020) menciona que a raíz de la pandemia la humanidad se enfrenta a una crisis sanitaria, humanitaria y económica sin precedentes en el último siglo y que solo es equiparable con las situaciones producidas por las guerras.

En ese sentido, desde la eclosión de la pandemia, el gobierno de El Salvador con la venia de la Organización Panamericana de la Salud ha tomado de manera decidida medidas de aislamiento social cuya finalidad ha sido la protección de la vida, aunque amparados de manera “legal” en el establecimiento del estado de alarma y la declaratoria de un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales sobre derechos como la libre circulación y el cambio de domicilio, so pena de fuertes críticas de especialistas en derecho constitucional y derechos humanos sobre las condiciones de salud de los ciudadanos en cuarentena obligatoria y las practicas coercitivas y autoritarias de los cuerpos policía y militar.

Además, se han tomado un conjunto de polémicas medidas económicas (entrega de 300 dólares, incentivos bancarios, bonos, suspensión de pagos de recibos de servicios básicos) para aliviar el bolsillo de millones de salvadoreños que ante el cierre casi total del comercio (70% de la clase trabajadora opera en el ámbito informal) aumentan su fragilidad (por el inacceso a protección social) a otros padecimientos tales como: hambre, falta de medicamento, desnutrición, o en última instancia, a favorecer brotes de violencia de masas ante la histeria colectiva que genera ineluctablemente la misma crisis psico-social de la pandemia.

Precisamente es en esto último ámbito de los recursos financieros para paliar la crisis en donde reside el mayor riesgo a prácticas de fraude y corrupción debido a la compleja situación de crisis socioeconómica que ya afronta El Salvador. Según Segovia (2020) el gobierno de El Salvador ha sido autorizado por la asamblea legislativa para emitir bonos por valor de 2, 000 millones de dólares, cantidad equivalente al 8% del PIB, lo que provocaría que la deuda externa roce el 80% del PIB. En pocas palabras: la medicina puede resultar aún más perjudicial que la enfermedad, si los fondos no son destinados de manera honrada, ética y transparente hacia las necesidades fundamentales de las mayorías perjudicadas, y de lo cual ya hay señales preocupantes de transparencia. Verbigracia: la construcción de un hospital con fondos aparentemente elevados (70 000 millones de dólares), si se compara con otras experiencias realizadas en países aledaños como México y Costa Rica (16 000 millones de dólares).

La misma debilidad institucional en materia de apertura hacia prácticas de transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos puede ser un factor determinante para favorecer la malversación y el desvió de recursos. El riesgo a prácticas corruptas en situaciones de emergencia y con financiamiento desmedido aumenta a criterio de Michele & Vieyra Cruz (2020) debido a las siguientes razones:

La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva a reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva a que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas. La necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado entre los responsables de negociar contratos y realizar compras, abriendo oportunidades a prácticas ilegales.

Pero ¿qué se puede hacer desde las autoridades gubernamentales para favorecer la transparencia de los fondos públicos en tiempos de emergencia? No existe una sola solución ya que cada país contempla su propio entramado de redes para el acceso a la información pública, no obstante, han sido positivas las experiencias que desde el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han desarrollado para responder desde la integridad a las crisis. El uso de plataformas virtuales ha sido empleado en países como Estados Unidos para transparentar la asignación de fondos federales en el marco de la recesión económica de 2008. Y en Latinoamérica no se parte de cero, existen iniciativas como la plataforma digital mapainversiones de cuya iniciativa ya son usuarios países como Costa Rica, República Dominicana, Paraguay entre otros, cuyos resultados han facilitado la interacción digital de los ciudadanos sobre la efectividad de las inversiones en obras públicas.

Se le atribuye a Albert Einstein la frase: “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento” y resulta pertinente advertir que en materia de transparencia y rendición de cuentas las autoridades gubernamentales se enfrentan al reto de rescatar vidas humanas desde el cristal que representa la ética y el civismo en la praxis de la innovación sobre la publicidad de cara a la gestión de fondos públicos. En su defecto, de proseguir la tendencia autoritaria y discrecional en materia de administración pública en El Salvador en particular, y los países de la región en general, se avanza hacía una crisis política y económica que posiblemente amedrente la calidad de vida aún más que el mismo Coronavirus (COVID-19).

Referencias

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales. CEPAL.

Michele, R., & Vieyra Cruz, J. (24 de marzo de 2020). COVID-19: Transparencia para asegurar políticas efectivas en momentos de crisis. Obtenido de https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/covid-19-transparencia-como-un-medio-para-asegurar-la-efectividad-de-las-politicas-en-momentos-de-crisis/

Sandoval, W. (23 de marzo de 2020). En tiempos de emergencia, la corrupción también mata. El faro.net. Obtenido de https://elfaro.net/es/202003/columnas/24146/En-tiempos-de-emergencia-la-corrupci%C3%B3n-tambi%C3%A9n-mata.htm

Segovia, A. (2020). LAS RESPUESTAS DE CENTROAMÉRICA ANTE LA PANDEMIA: DISTINTAS PRIORIDADES Y APUESTAS RIESGOSAS. Analisis Carolina, 1-12.

Transparency international. (enero de 2010). Prevención de la corrupción en las operaciones humanitarias. Obtenido de https://www.transparency.org/whatwedo/publication/manual_de_buenas_practicas_prevencion_de_la_corrupcion_en_las_operaciones_h

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: Miércoles 17 junio 2020
: 9:30 a 11:00 a.m.

Enlace de inscripción a Conferencia para universitarios:

Enlace de inscripción a Conferencia para la Sociedad Civil:

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El concurso tiene como objetivo incentivar que los jóvenes universitarios a desarrollar protocolos de investigación aplicada, que sean originales, oportunos y relevantes en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la integridad, los trabajos protocolos deben estar orientados a identificar y reflexionar sobre nuevos enfoques, teorías, y su aplicación práctica en este ámbito.

Para obtener más información sobre las bases del concurso puedes ingresar en este link: https://bit.ly/BasesCIDEMO2020

Si deseas ser parte de esta iniciativa puedes inscribirte en este link: https://bit.ly/FormularioCidemo

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* Fecha límite de inscripción: miércoles 27 de mayo a las 4:30 p. m.

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